Nuestra Protesta

Quienes suscribimos esta carta, hemos dedicado parte importante de nuestra corta vida política al servicio del pensamiento socialcristiano y de la causa democratacristiana. Hemos intentado cooperar desde el pensamiento y desde la acción, desde el compromiso y los ideales. En ese espíritu, algunos de nosotros impulsamos y encabezamos la opción “Por Principios” en la última elección de la Juventud Demócrata Cristiana, el año 2006.

Desde la época de nuestra acción universitaria, hemos sido testigos de cómo la Juventud de nuestro Partido, que para los Falangistas fue la verdadera “Galilea” desde donde todo comenzó, ha devenido en una larga decadencia marcada por luchas internas donde, algunos, han querido transformar la JDC en una agrupación de facciones que responden a intereses personales más a que verdaderas diferencias de ideas. La degradación ha sido mayor y no cabe aquí apuntar en contra de nadie en particular, puesto que todos tenemos algún grado de responsabilidad. A partir de la última conducción de la JDC, hemos constatado que la crisis se ha acentuado, puesto que se ha pretendido reivindicar el protagonismo de los jóvenes por la vía de la permanente descalificación y divulgación de prejuicios, haciéndolas parecer armas válidas de discusión.

El Partido vive un proceso de renovación política, marcado por un impecable proceso electoral en la última elección nacional, cuyo resultado le ha brindado a la política nacional la oportunidad de comenzar una renovación de estilos y prácticas, buscando recuperar nuestras raíces, ideas e identidad. Las elecciones territoriales, en pleno desarrollo, viven un proceso similar, con una sana y fraternal competencia.

Sin embargo, el frente de la Juventud, está sumido en una disputa de ribetes tribales más que políticos, al punto que la Lista continuadora de la actual gestión de la JDC, ha pretendido hacernos creer que se quiere intervenir el proceso electoral de la Juventud para favorecer a su rival. ¿Por qué? Porque nuestro Tribunal Supremo ha dicho que se deben aplicar a la JDC los estatutos y reglas electorales que rigen a todos los militantes del Partido. Porque el Tribunal Supremo ha dicho que el Padrón de la JDC debe ser el mismo Padrón del Partido, y que se encuentra inscrito en el Servicio Público que regula el sistema político electoral de nuestro país. También, porque ha dicho el Tribunal que la fecha de la elección de la Juventud, más allá de los inconvenientes personales que esto genere a alguno de los candidatos, debe ser la fecha que el Consejo Nacional fijó para las elecciones de todos los Frentes del Partido.

Sin embargo, pareciera ser que a la lista de continuidad de la actual Directiva de la JDC, no le parece que el Tribunal Supremo interprete y haga cumplir lo regulado en nuestros Estatutos del Partido, que han sido sancionados por la Junta Nacional y el Consejo de la DC. Nos preguntamos entonces, ¿por qué habría de sustraerse la Juventud del Partido de las normas partidarias que a todos nos rigen? ¿Por qué la JDC debería tener un Padrón especial? ¿Por qué los plazos de los procesos electorales deben acomodarse a necesidades individuales, cuando han transcurrido más de cuatro años desde la última elección de la JDC, en circunstancias que las Directivas deben durar solo dos años?

De todas formas, si aun tuvieran sustento los argumentos contrarios a lo que el Tribunal Supremo ha definido, lo verdaderamente grave son los dichos de quien encabeza la lista de continuidad de la JDC en su última declaración pública del día de ayer, en orden a que existiría interés del máximo Tribunal partidario por favorecer a una de las listas en competencia. Adicionalmente, en esta declaración pública, se acusa abiertamente al camarada Jorge Cash de haber influido indebidamente en las decisiones del Tribunal Supremo.

Estas acusaciones no solo son carentes de fundamento, antecedentes y reflejo de desesperación, si no que expresan fielmente hasta qué punto puede llegar la descomposición de un movimiento político. Por medio de esta acusación pública, claramente injuriosa, se pretende sostener que todo aquello que se decida institucionalmente, en la medida que no responda a los intereses individuales o de “lote”, debe ser catalogado como intervención; que todo aquel que busca establecer procedimientos claros y transparentes, no busca más que intervenir la institucionalidad por medio de actos de corrupción. ¿En qué consiste entonces la Democracia si no es en la posibilidad de que todos tengan claras las reglas del juego?

No basta mostrar mayorías construidas artificialmente para oficiar de demócrata, lo fundamental es que esa mayoría se obtenga de forma limpia y transparente. Precisamente la democracia por la que tanto hemos luchado, consiste en que todos tengan las mismas oportunidades de conocer los procedimientos electorales, tener claridad de los plazos y el universo de votantes, y que existan órganos que interpreten las normas, las apliquen y las haga cumplir de manera uniforme en todas las estructuras del Partido. Para algunos de nuestros camaradas, democracia es sinónimo de burocracia, e institucionalidad sinónimo de intervención.

Los órganos institucionales del Partido son los llamados a tomar las definiciones de la Democracia Cristiana, y quién legítimamente tenga reparos al respecto debe usar los canales institucionales para hacerlos valer. De lo contrario, primaría la voluntad de las fuerzas políticas en disputa y no la fuerza del derecho en el que se basan nuestras instituciones. Por ello, llamamos a quienes realmente creen que ha existido intervención en el proceso electoral de la JDC, a que ejerzan las acciones que los Estatutos del Partido y Leyes de la República le proveen a todos los militantes y ciudadanos, tanto ante los órganos del PDC como ante los Tribunales Electorales del país.

No caigamos en la trampa que tanto nos advirtió Leighton, mediante la cual se pretende suplantar la fuerza del derecho por la imposición de los hechos. Por nuestra parte, estaremos siempre del lado de la institucionalidad y del respeto que merecen los militantes de nuestro Partido. Nos resistimos a admitir que se use como método electoral el desprestigio a la credibilidad de nuestras instituciones y la honorabilidad de nuestros dirigentes. No es justo desacreditar de ese modo las legítimas aspiraciones que cualquier militante puede tener de servir al Partido desde la conducción de alguna de sus instancias, contribuyendo al engrandecimiento de nuestro Partido al servicio del País.

Surgimos como Partido a la vida política nacional para servir, por medio de nuestras ideas y acciones, a la difusión del pensamiento socialcristiano; y el primer predicamento de nuestra doctrina es el amor y el respeto al prójimo. Si se destruye este pilar, que es nuestro centro de gravedad, podrá seguir existiendo nuestro Partido pero no será verdaderamente una Democracia Cristiana.


Fraternalmente,


CRISTÓBAL ACEVEDO F.

SEBASTIÁN IGLESIAS R.

LEONARDO JAÑA L.

MAURICIO MUÑOZ C.

FELIPE VENEGAS P.

NICOLÁS PREUSS H.