miércoles, 20 de agosto de 2008

¿Es sólo una cuestión de actitud? urgen reformas al sistema


Disciplina es la palabra de moda está semana. Lagos reapareció en el espacio político con un grito de disciplina desesperado para los partidos de la concertación. Al día replica Enriquez- Ominami haciendo una apología a las actitudes díscolas pretéritas de Lagos. Se vierten litros de tintas con columnas hablando sobre obediencia, instrucciones de partido, reformas al sistema, todas formulas mágicas para ganar la próxima elección. Pero…es sólo un problema de actitud? Basta con formulas mágicas que permitan hacerlos a todos obedecer y corear al unísono la aprobación de los proyectos de su coalición? Creo que el problema es un poco más profundo que eso.
De pronto este país se dio un giro en 180 grados. Todo, absolutamente todo cambio. El Chile que conocieron mis abuelos no tiene nada que ver con en el que yo vivo. Sólo una cosa se detuvo en el tiempo: los partidos y sus líderes. Tal cuál, salvo nomenclaturas más o menos, tenemos casi los mismos partidos que el año 80 (si…28 años atrás) y prácticamente los mismo líderes o caudillos a cargo de ellos. Además, todos mantienen la antigua lógica de la militancia en padrones internos como mecanismo de participación, padrones que son controlados y administrados por unos pocos, con un alto porcentaje de clientelismo. La cerradura final al sistema está puesta por un sistema electoral poco competitivo, que tiene como clivajes un sistema de inscripción electoral vetusto y el acuerdo tácito de los partidos para mantener a sus representantes. En conclusión, unos pocos militantes activos con bolsones de fichas y caudillos históricos administrando el sistema, se transforman en un incentivo perverso para aquellos que han sido ya electos, llevándolos a actuar como “díscolos” dentro del sistema, de manera de captar la atención pública y renegociar en mejor posición su próxima elección.

Mientras no exista renovación del sistema –por favor inscripción automática ahora!!!!!-, partidos modernos y reestructurados, lo que viviremos es la decadencia del sistema político-electoral. El incentivo a ser díscolos en un sistema anclado es demasiado alto como para rehusarte, máxime si eres parte de la coalición gobernante. Ser obsecuente no tiene réditos electorales ni trae beneficios directos a los electores del distrito que rentabilizar personalmente y ser díscolo no conlleva costos políticos internos –sigo teniendo mi cupo asegurado- mientras se tenga el padrón controlado. El resultado es obvio, sumando y restando, es mucho más fácil ser díscolo en un sistema poco competitivo y capturado por maquinas partidarias. Si a todo esto le agregamos partidos carentes de proyecto político y desdibujados ideológicamente, el resultado es riesgoso para la estabilidad del país

Entonces, el problema no es sólo una cuestión de actitud, es un dilema institucional. Urge en el sistema general reformar el sistema de partidos (las ordenes de partido no son la solución), transparentando sus sistemas de militancia y facilitando su creación o disolución, de manera de hacer competitiva su existencia. Urge incorporar nuevos electores a los procesos eleccionarios que obliguen a una sana política de renovación dentro de los partidos. Urge reformar el sistema electoral de manera que impidamos que exista colusión entre los partidos políticos que impida el ingreso de nuevos actores al sistema.

En suma, necesitamos más democracia en el sistema de partidos o electoral. No nos lamentemos después de nuestra crisis, pues es evidente que la dispersión actual de los parlamentarios son síntomas que por si mismos no pueden –ni tienen incentivos- para superarla. El primero que apueste al cambio, será el que verdad logre disciplina permanente y el líder que el país espera. La disciplina se transformará entonces en adhesión intelectual. Ese el verdadero cambio de actitud.




Sebastián Iglesias Ramírez
Abogado UC

lunes, 4 de agosto de 2008

El Medio Ambiente y las Empresas Públicas



Las empresas del Estado debieran seguir los mismo estándares medioambientales que las empresas privadas, y por qué no, predicar con el ejemplo. Así como muchas empresas privadas se someten voluntariamente a la ISO 14001, que establece estándares de gestión ambiental en los procesos productivos, lo mismo debieran hacer todas las empresas del Sistema de Empresas Públicas: ENAP, EFE, METRO S.A., LA NACIÓN, EMAZA, etc.
Esta medida ya fue implementada por CODELCO y las demás empresas del Estado debieran imitar esta práctica.

En un gobierno corporativo de las empresas públicas, que sea transparente hacia los ciudadanos, el impacto ambiental que generan las empresas del Estado debe ser de público conocimiento. Así también la política ambiental que estas promueven debe estar definida. Desde la perspectiva económica esto tiene bastante lógica, ya que estas empresas explotan en general recursos naturales y/o bienes nacionales (por ejemplo los hidrocarburos), cuyo objetivo es generar riquezas para el desarrollo del país; por tanto la empresa pública en el balance costo beneficio debieran generar un beneficio social superior a la suma del costo económico y al “daño social” (en este caso daño ambiental) que producen en el proceso productivo.

En este sentido, la principal meta del proceso de certificación de las empresas estatales debiera ser transparentar la información de manera que la ciudadanía y la opinión pública (y la prensa en particular) pueda exigirle a las empresas estatales los mismos estándares que el Estado exige a los privados. Esto es la llamada transparencia pasiva, es decir, por un lado se compara lo que las empresas públicas se autoexigen en relación con lo que el Estado le exige a las empresas privadas en materia ambiental, y por otro lado se compara como operan las empresas estatales en el día a día de su actividad y en sus proyectos de inversión, contrastándolo con la política mediomenbiental de cada empresa estatal públicamente conocida. Es probable que con esta información en manos de la ciudadanía proyectos como el de la fundición y refinería "Ventanas" nunca hubieran existido.
También sería del todo recomendable, por ejemplo, que las presentaciones a las respectivas COREMA (Consejo Regional del Medio Ambiente) por parte de las empresas que pertenecen al Estado sean de público conocimiento (guardando la debida confidencialidad del negocio), de manera que la ciudadanía pueda opinar y exigir rigurosidad de las empresas estatales en relación al daño ambiental que estos proyectos van a generar; esto además disminuiría las influencias indebidas sobre los funcionarios públicos de dichos Consejos Regionales.

El principal problema en las empresas públicas es que son, muchas veces, grandes elefantes blancos en donde buena parte de la información está fragmentada y existe también alta resistencia al cambio por la vía del “siempre se ha hecho así”. En el caso de las empresas estatales cuya rentabilidad económica es negativa, como el caso de la empresa periodística LA NACIÓN, el impacto ambiental de sus procesos (por ejemplo uso de papel) podrán ser un elemento a considerar en relación a los ya poco claros beneficios sociales que reporta su gestión. Otro caso como el de EFE (empresa Ferroviaria del Estado), con altos índices de déficit operacional, los efectos ambientales del servicio que presta podrán también considerarse para efecto de determinar tramos de servicio y nuevas inversiones.

Si bien la implementación de la ISO 14001 puede ser una gran amenaza para las empresas públicas, hay buenos motivos para pensar que las empresas del Estado debieran implementarla en sus procesos productivos: la propia razón de existir de estas empresas sería más nítida a apartir de un análisis global del costo/beneficio social que las justifica. Así también la voluntad de generar un desarrollo sustentable por parte del Estado, y del Gobierno en particular, ya que la aplicación de esta "normativa" no requiere ley alguna sino simple voluntad política de la autoridad.