martes, 8 de abril de 2008

Acusación Constitucional contra Pinochet. Carta de Andrés Palma a diez años....


Copio el texto de la carta de Andrés... me parece que después del rechazo de la acusación constitucional hay un antes y un después para la Democracia Cristiana; me parece que desde ahí ya todo podía ser posible en nuestro Partido... una lástima de la que hay mucho que aprender; un abrazo en la distancia del tiempo a aquellos valientes diputados y camaradas...

Cristóbal Acevedo


El 9 de abril de 1998 fue día jueves y correspondió a la Semana Santa en la celebración del calendario católico que se sigue en Chile. Ese Jueves Santo de 1998 la atención de Chile estaba centrada en la Sala de la Cámara de Diputados, en Valparaíso, donde se votaba la Acusación Constitucional al General Augusto Pinochet.
Fue un día tenso para todos los que sentíamos que algo pasaría en nuestras vidas y en las vidas de los chilenos según lo que allí aconteciera. Algunos inclusive teníamos la impresión que ese día sería un día histórico para nuestro país. Diez años después casi nadie lo recuerda.

Cuando decidimos acusar constitucionalmente a Pinochet, lo hicimos seguros que era un acto simbólico, pero sabedores que los actos simbólicos, como las liturgias, dan sentido a las cosas, y que las formas o el cómo son lo que da sentido a las vidas. Digo simbólico por dos razones. La primera era que la Acusación sería derrotada en el Senado en el que los partidarios incondicionales de Pinochet eran mayoría dada la presencia de los senadores designados y de la derecha. La segunda porque constituía la única oportunidad, sabedores de antemano del resultado final de dicho proceso, de someter a Pinochet a un proceso en el que se le juzgara políticamente de forma institucional por actores democráticos o representantes populares.
La preparación de la Acusación no fue fácil. Por una parte, desde el punto de vista formal, las limitantes legales obligaban a juzgarlo por su desempeño desde el 11 de marzo de 1990, lo que excluía un juicio por su dictadura y sus violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad. Por otra parte, desde el Gobierno y desde la conducción de la Democracia Cristiana se cuestionaba tanto el derecho de los Diputados a presentar la Acusación como la legitimidad política de la misma. Sin embargo hubo muchas personas, incluidas importantes autoridades en materia constitucional, que colaboraron en la preparación jurídica de la presentación, en tanto que el debate en la Democracia Cristiana se zanjó con una resolución del Consejo Nacional que estableció que los Diputados tenían libertad para una presentación de este tipo, derrotando la posición del Gobierno y de la Directiva.
Todas las dificultades se superaron con la decisión de avanzar en un acto que consideramos digno. Éramos representantes de la ciudadanía y teníamos derecho, y creíamos que fundamentos legales y políticos, a someter a Pinochet a un juicio político o constitucional. Era nuestra responsabilidad que no fuera la historia la que juzgara a quien había mancillado de forma tan grave nuestra historia, sino los representantes de la ciudadanía. Sentimos que en juego estaba la dignidad de los representantes ciudadanos.
Por cierto el resultado no fue el que esperábamos. Los representantes de la ciudadanía rechazaron la Acusación constituyendo una mayoría que me resulta inexplicable aún hoy, y más hoy después de tantas verdades que se supieron con posterioridad.

Después vino otra historia, y lo que esperábamos fuera un acto trascendental, quedó en el olvido de los medios, pero no de las personas. En las personas quedó grabado con distintos sabores, para unos fue una fiesta, para otros una pena, para Manuel Bustos fue una traición de algunos. Tal vez un día los medios recuperen este gesto de dignidad, el único que representantes democráticos emprendieron para realizar un juicio político sobre el General Pinochet, y se escriba algo de la historia de las personas en relación a ese día. Pero la historia oficial fue por otros rumbos.
Yo tengo una interpretación de esa otra historia. Por una parte no convenía que los gestos de dignidad se multiplicaran, pero por otra, la soberbia derrotó a Pinochet. Si los representantes democráticos, incluidos algunos a los que él mismo había afectado con sus comportamientos, le liberaban de responsabilidades políticas e institucionales por su desempeño en esos años, entonces era que por fin se le comprendía, era libre y podía hacer lo que le placiera. Por eso viajó a Londres a buscar un dinero mal habido y quiso ir de visita a Paris… lo que siguió quedó en la historia del fin del siglo.

Los Jueves Santo del calendario católico tienen un contenido ambiguo. Por una parte se celebra la institución del sacerdocio ministerial y de la Eucaristía, que a los creyentes nos mantiene en la Vida; y por otra se conmemora la transfiguración de Jesús en el monte y luego su detención y traición por quienes más Él quería.
El 9 de abril de 1998 fue, para muchos, una verdadera liturgia de Jueves Santo.

lunes, 7 de abril de 2008

Expulsión de presuntos asesinos del Cabo Moyano.

A propósito de los pedidos de expulsión que el gobierno de Chile está haciendo a Argentina en contra de los presuntos asesinos del cabo Moyano, y de la alta repercusión pública que esto ha tenido, quiero mostrar aquí mi posición pública sobre el tema. De la misma forma en que alguna vez recuerdo algunos criticaban la firma de tratados de libre comercio con China y países que no daban garantías a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en este caso soy un convencido debemos dejar de lado los sentimientos que nos producen las imágenes del carabinero muerto y la rabia que podemos sentir por los autores del crimen, y ser capaces de críticar abiertamente la violación de la que son objeto todos aquellos civiles que deben ser juzgados por un tribunal ante todo parcial, y segundo, un tribunal que no ha adoptado las normas del debido proceso que garantizen la defensa del imputado. Sin ser abogado, me he permitido adentrarme un poco en el sistema de la justicia militar en Chile, y en los diversos pronunciamientos que internacionalmente han condenado a Chile por permitir que civiles sean juzgados por un tribunal militar.

Para el derecho internacional, los tribunales militares sólo deben juzgar a militares en servicio activo y con las debidas garantías del proceso. Es ridículo que en Chile los compañeros de armas de quien ha sido asesinado, o ha sido víctima de los actos de un civil, sean quienes juzguen a este civil. Esto carece de imparcialidad y va en contra de lo dictado por la misma Corte internacional de derechos humanos en el 2005 en el caso Palamara, donde la corte condena a Chile y declara incompatible la legislación chilena con las normas sobre derechos humanos ampliamente aceptadas por la comunidad internacional.

Es más, en Junio del 2007, la misma presidenta dió un mensaje ante el congreso nacional, criticando justamente lo que digo más arriba, y pidiendo una profunda reforma a la justicia militar.

Estos tipos detenidos en Argentina puede ser que hayan cometido el asesinato del cabo Moyano, eso ya los debiese secar en la cárcel, sin embargo Chile debe ser capaz de buscar la verdad y no volver a usar la frase "El fin justifica los medios", no importa cuantas ganas tengamos de que estos hombres sean condenados, cuanto dolor hayan causado a tantas familias, y la rabia que en nuestros propios corazones produce el asesinato de un carabinero y padre de familia, debemos ser capaces de garantizar que en Chile los derechos humanos sean ampliamente respetados, sin importar quien eres ni de donde vengas, todos deben tener un juicio justo y acorde a los acuerdos que Chile suscribe internacionalmente.

Recomiendo leer 4 documentos que pueden ser encontrados en internet. El dictado de la Corte Interamericana de Derechos humanos, el informe de la comisión de constitución del Senado sobre la modificación al código de justicia militar ( en http://sil.senado.cl/pags/index.html ir a boletin y buscar el boletin 5159-07, ir a informes) , el mensaje de la presidenta, y un informe de la Universidad Diego Portales sobre el sistema judicial chileno y los derechos humanos (Ver página 49)

Juan José Soto.